SUMARIO

Proponen mayores

 atribuciones a PGE

(Prensa-Congreso).- Con el objetivo de contar con más elementos que ayuden a erradicar la violencia contra de las mujeres guerrerenses, la diputada Delfina Concepción Oliva Hernández propuso otorgar mayores atribuciones a la Procuraduría General del Estado para expedir y ejecutar órdenes de protección y garantizar la integridad física de quienes denuncian.

También propuso ante el pleno del Congreso Local diseñar políticas en materia de procuración de justicia para disminuir la violencia hacia las mujeres y desarrollar campañas de difusión sobre sus derechos.

En la sesión de este martes, la diputada propuso una iniciativa de reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, donde también plantea crear una red estatal de información sobre casos de violencia contra las mujeres con el apoyo de un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia, que maneje la PGJE alimentado mensualmente de datos que arrojen instituciones públicas y privadas, estatales o municipales. 

La legisladora consideró que lograr este instrumento de medición, será un importante referente que permitirá identificar aspectos centrales sobre el reconocimiento y definición de la violencia contra las mujeres y las recomendaciones específicas, emitidas en cada una de las esferas que requiere de la atención en el Estado.

Entre ellas, dijo estaría  la generación, análisis y divulgación de la información estadística que permita informar de la extensión y gravedad del problema de la agresión contra las féminas.

Dicha iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado se turnó a la Comisión ordinaria de Equidad y Género para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.  

DICTÁMENES

En otro punto, quedó de primera lectura el dictamen donde se ratifica la entrada en funciones de Oscar Antonio Chávez Pineda, como síndico procurador del ayuntamiento de Iguala.

Asimismo, el dictamen donde se exhorta a los 81 municipios que aprueben en sus cabildos la adición de la materia de atención y participación social de migrantes dentro de las funciones de una dirección a fin como la dirección o secretaría de desarrollo social que funcionan en los ayuntamientos.