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Será parte Congreso de la

Conferencia de legisladores

 (Prensa-Congreso).—La 60 Legislatura designó a cinco diputados del Congreso de Guerrero que formarán parte de la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas.

Lo anterior, a propuesta de la Comisión de Gobierno que destaca que el delito de trata de personas es un problema preocupante en la entidad que prevalece por las condiciones de pobreza, desigualdad de niñas y mujeres, baja tasa de matriculación escolar, niños en situación de desamparo, falta de registro de nacimientos, alta demanda de servicios de explotación sexual y mano de obra barata.

Refiere que en congruencia con el marco jurídico federal en materia de derechos humanos y la erradicación de los delitos en materia de trata de personas, protección y asistencia a las víctimas, el Congreso Local en el 2011 aprobó la Ley Para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado que establece las condiciones jurídicas necesarias para el diseño de políticas públicas en la materia.

En ese sentido, señala que la 60 Legislatura, preocupada por la prevalencia de este delito y la necesidad de cumplir con la normatividad en esta materia, exhortó al Ejecutivo Estatal a constituir formalmente la Comisión Interinstitucional Para la Prevención y el Combate de Trata de Personas en el Estado y remitir al Congreso el informe anual de los resultados de este Programa. 

Por lo anterior, consideran pertinente que el Congreso se sume al esfuerzo emprendido por el Senado de la República designando a un grupo de cinco diputados para constituir la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, que son:  Julieta Fernández Márquez, Luisa Ayala Mondragón, Laura Arizmendi Campos, Jorge Camacho Peñaloza y Jorge Salazar Marchán.

Los legisladores designados tienen la obligación de impulsar la armonización y homologación legislativa en la materia, promover las reformas a las que haya lugar, propiciar la instalación de instancias de información y seguimiento de la aplicabilidad legislativa y evaluación de las políticas públicas y programas en la materia.