PRIMERA PLANA
Piden a Peña atienda
caso de Inés y Valentina
Organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional envían una carta pública al presidente de México Enrique Peña Nieto para urgirle a dar atención prioritaria a la implementación de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres del pueblo indígena Me’phaa víctimas de violación sexual por parte de elementos del Ejército mexicano en 2002.
La carta hace énfasis en que la misma prioridad debe existir para los casos Rosendo Radilla y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dado que estas sentencias comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar.
Como es del conocimiento, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo indígena Me’phaa, fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano durante el año 2002 en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense.
Desde entonces, ambas mujeres emprendieron un largo y ejemplar caminar. La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.
Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.
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