SUMARIO

Condenan organizaciones

Sociales muerte de Villa M 

Carlos Navarrete/ANG.—Organizaciones sociales, campesinas, de defensa de los derechos humanos y magisterio, que integran el Frente de Masas Populares de Guerrero repudiaron el asesinato de la activista, Juventina Villa Mojica y de uno de sus hijos, responsabilizando al Gobierno del Estado de este artero crimen.

En conferencia de prensa, representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Movimiento Popular Vicente Guerrero, condenaron el asesinato, exigieron justicia y castigo para los culpables y solicitaron el traslado de los habitantes de la Laguna a esta capital.

Esto luego de que la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fuera asesinada a balazos junto a su hijo por unos 40 hombres armados, cuando se preparaba para el desplazamiento de 45 familias a Puerto de las Ollas, en donde se refugiarían del acoso de integrantes del crimen organizado.

El vocero de la CETEG, Minervino Moran Hernández manifestó que el único responsable de este homicidio es el Gobierno del Estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, por no haberle garantizado la seguridad que necesitaban los habitantes de la comunidad de La Laguna en el municipio de Coyuca de Catalán.

Por su parte, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense, señaló que el  Gobierno Estatal no actuó correctamente ante los llamados que realizó en fechas anteriores  Juventina Villa, quién había sido víctima de varias amenazas de muerte, por encabezar el éxodo de las familias desplazadas.

Reprochó el hecho de que el gobierno estatal haya mandado a la zona de conflicto únicamente a 21 Policías Estatales para intentar normalizar la situación, lo que aseguró fue insuficiente ya que las acciones en contra de los habitantes de La Laguna no cesaron, y calificó este hecho como un «una muerte anunciada».

Manuel Olivares mencionó que el día lunes se llegó a un acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y el Secretario de Seguridad Pública Guillermo Jiménez Padilla de que el miércoles por la mañana iniciaría el desplazamiento de los habitantes de la Laguna, hacia Puerto de las Ollas.

Sin embargo, a la una de la tarde aún no iniciaba el traslado de las personas, misma hora en la que fue emboscada la activista, cuando se dirigía a realizar una llamada telefónica que sería dirigida al Frente de Masas Populares para informar sobre esta irregularidad.

También comentó que su hijo asesinado de nombre Rey Santana Villa contaba con 10 años de edad y no 17 como se manejo en un primer momento, mientras que la menor de siete años consiguió salir ilesa de las detonaciones de arma de fuego.

Por esta razón exigieron urgentemente una audiencia con el gobernador para que les explique como sucedieron los hechos y aclare las irregularidades en las que sucedieron además de demandarle el traslado de los habitantes de La Laguna a Chilpancingo, puesto que la comunidad ya no es segura para ellos.