PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Detenidos por la PC 

los torturan, acusan 

 Marcelo Villanueva Luna.—Luego de que organismos de derechos humanos tanto oficial y no gubernamentales, demandan que la tortura se tipifique como delito, quien pudiera estar cometiéndolos con los detenidos, la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). 

Entre las víctimas de los atropellos de la Policía Comunitaria que sufrieron tortura las mujeres indígenas Paulina Maldonado Catalán y Anastasia Reyes Vázquez de la comunidad de Pueblo Hidalgo municipio de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica. 

Esto, sale a relucir, luego de que llegara al Congreso Local la exigencia de que la tortura y ante una serie de cuestionamientos en contra de agentes ministeriales o militares por ejercer este práctica, ahora grupos de indígena de la montaña y de la Costa Chica, comparten la demanda de que efectivamente se tipifique el delito de tortura como grave y doloso. 

Precisaron que hasta el momento, han detectado más violaciones y actos de tortura cometidos por los coordinadores de la CRAC o delegados de la Policía Comunitaria, pero además violan los derechos humanos de los indígenas gozando hasta el momento de total impunidad. 

«Cuando esos coordinadores amparados en las asambleas de las comunidades someten a los indígenas a los procesos de reeducación, es ahí donde se da la tortura, porque tiene a las personas sin probar un solo bocado de alimento, no les dan ni agua, otros que los encierran en cuartos oscuros y reducidos para que acepten sus crímenes según ellos comunitarios», refieren. 

Hay otros que los someten a trabajos comunitarios tortuosos como cargar piedras pesadas, no respetan mujeres, niños y mujeres con niños pequeños, ellos agarran parejo y los encierran, un ejemplo claro se dio el año pasado en el momento que estos delegados de la CRAC retuvieron a dos compañeras mujeres en relación a un fraude de la casa prestamista Chinde-etanyo, donde aparte de torturas, sufrieron acoso sexual porque eran mujeres jóvenes», denunció ante este medio de comunicación de la capital. 

Añadió que desde el Congreso local de Guerrero, se debe impulsar el delito de tortura como grave y doloso para la humanidad, pero que también contemplen castigar a los delegados y representantes de la CRAC que han incurrido en este tipo de ejercicio. 

Al concluir las denunciantes que hasta el momento los actos de agravios cometidos en contra de los indígenas de la costa y la montaña, siguen en la impunidad, además de que esta policía cuenta con el respaldo de Tlachinollan.