PRIMERA PLANA

Se va Felipe Calderón: el 

presidente del feminicidio 

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Para el panista, la población femenina fue «víctima colateral» de sus acciones anticrimen; el legado: 7 mil homicidios por razón de género.

En tres días concluye la administración de Felipe Calderón: la más sangrienta para las mujeres, toda vez que tan sólo en la mitad del sexenio (entre diciembre de 2006 a 2009) se registraron 7 mil casos de feminicidio en todo el país, de acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados. A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo federal –aseguran defensoras de los derechos femeninos–, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia.  

Mientras que la mayoría de los asesinatos de mujeres están sin esclarecerse, pese a que 19 entidades federativas han tipificado en sus códigos penales el delito de feminicidio, el desinterés gubernamental por el tema se refleja en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en 2001.  

Y es que la violencia de género y la falta de justicia ante este flagelo fue el signo de la gestión que concluye este 30 de noviembre, advierten organizaciones civiles.    

INVISIBILIZADAS

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF), durante el sexenio se «invisibilizó» al feminicidio mientras se enarbolaba la consigna de abatir al crimen organizado.

 La activista agrega que la estrategia de seguridad de Calderón careció de perspectiva de género y de una visión de respeto a los Derechos Humanos (DH). Fueron «los peores años para los DH de las mujeres, la situación de vulnerabilidad contra las mexicanas es evidente», critica Estrada.  

El feminicidio aumentó 68 por ciento en todo el país entre 2007 y 2009, según el OCNF a partir de información de procuradurías estatales. Mientras que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se registraron 4 mil 112 asesinatos dolosos de mujeres tan sólo en 13 estados, aunque la cifra podría elevarse debido al subregistro, aclara la abogada.

Otro dato: en cuatro años, en Ciudad Juárez, los asesinatos de mujeres se dispararon en más de mil por ciento al pasar de 53 en 2007 a 584 en 2010, de acuerdo con registros de las organizaciones chihuahuenses Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Mukira. Luz Estrada advierte también que la estrategia contra los cárteles de la droga dio carta blanca a la operación de las organizaciones de trata de mujeres. «Yo te mato, te violo, te secuestro, al fin que ahorita lo más importante es investigar sobre la delincuencia  organizada», explica. A lo anterior se añade que durante el sexenio la violencia contra las niñas y las mujeres «se planteó como un daño colateral» relacionado con las víctimas del crimen organizado, argumenta Karla Micheel Salas, abogada de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.  

Abunda que la impunidad en torno a estos crímenes se recrudece en un sistema judicial dominado por «prejuicios machistas» que culpabilizan a las mujeres de la violencia que padecen. 

 LETRA MUERTA

 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, define a la violencia feminicida como «la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus DH, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres».

El pasado 14 de junio se reformó el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio y castigarlo con penas de hasta 70 años de prisión. No obstante toda esa legislación, aún no se garantiza que las víctimas accedan a la justicia. A esa situación se suma que las políticas nacional y estatales contra la violencia de género están «totalmente desarticuladas», lo que deriva en su falta de operatividad, acusa Magaly Reyes Chávez, coordinadora de Mujeres por un Milenio Feminista. 

 Ejemplo de ello –indica– es que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres negó durante esta administración que se declarara la Alerta de Violencia de Género en los estados de Guanajuato, México, Nuevo León y Veracruz, donde grupos civiles documentaron y denunciaron altas tasas de feminicidio.

Mayela García, presidenta del Colectivo de Mujeres, en Veracruz, denuncia que aunque en la entidad el delito ya está tipificado las autoridades indagan los casos como homicidios dolosos, para evitar la imagen de que en la sociedad prevalece la «misoginia».