PRIMERA PLANA

Restringe el CJF acceso de

periodistas a juicios orales

MEXICO, DF

.—El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sacrificó la transparencia que debe caracterizar a un sistema de justicia penal adversarial y de juicios orales, a cambio de medidas estrictas de seguridad en sus edificios de juzgados y tribunales que prácticamente impiden hacer su trabajo a los reporteros que cubren las actividades de los juzgadores federales del país.

Mediante el acuerdo del pleno de la Judicatura 23/2012, publicado por el pleno del órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial Federal (PJF), el último día del pasado mes de agosto, el CJF determinó una serie de disposiciones encaminadas a garantizar la seguridad de jueces y magistrados, entre ellas las que refiere el artículo 18 de dicho acuerdo, que impide el libre acceso y estancia de periodistas y representantes de los medios de comunicación en las instalaciones de los juzgados de distrito y tribunales de circuito habilitados en el país.

La medida sólo aplica para juzgados de distrito y tribunales de circuito, mas no para las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«El ingreso y estancia de medios de comunicación en las instalaciones, requerirá la previa autorización de la Dirección General de Comunicación Social, quien, en todo caso, deberá dar aviso a la Coordinación de Seguridad a efecto de que se apliquen los protocolos o manuiales correspondientes», refiere el acuerdo general 23/2012.

A partir de esta medida de seguridad adoptada por unanimidad de los siete consejeros de la Judicatura, cada que un reportero o comunicador quiera buscar una entrevista oficial, e incluso, acercarse a una platica informal con algún juzgador, deberá forzosamente dar aviso al director general de comunicación social, Carlos Avilés Allende (quien hasta hace dos años era un experimentado reportero asignado a cubrir las actividades de la SCJN) para poder realizar su labor profesional.

Antes de este acuerdo, los comunicadores eran recibidos por los titulares de los órganos jurisdiccionales, sin la necesidad de que comunicación social del CJF tuviera que enterarse de los encuentros entre reporteros y juzgadores.

«Es una manera legal de mantenernos controlados (a los jueces) y evitar que podamos relacionarnos libremente con algún medio de comunicación; también es una manera de limitarles a ustedes (comunicadores) su derecho constituciuonal a la información», dijo ayer a La Jornada un magistrado de un tribunal colegiado de circuito que pidió no mencionar su nombre por temor a represalias del CJF.

En el mismo sentido, un juez de procesos penales federales, que también pidió el anonimato, confesó a este diario que funcionarios de comunicación social de la Judicatura han hecho incapié a los juzgadores federales en que «no reciban en sus oficinas a reporteros», si antes no hay una previa autorización de esa instancia del CJF, a fin de que se acuerde una fecha y hora para la realización de cualquier visita de un comunicador a un juzgado.

El objetivo de la Judicatura, según reveló el juez y magistrados consultados, es que cuando se pacte la visita de un reportero, periodista o comunicador a un órgano jurisdiccional, el profesionista de la comunicación vaya acompañado de un funcionario de comunicación social de la Judicatura.

Según consta en el acuerdo del CJF, el considerando quinto refiuere que «el clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país, genera la necesidad de cambiar sustancialmente la forma de ‘estar’, ‘transitar’ y ‘convivir’ en la sociedad, y de fortalecer las medidas de seguridad en los inmuebles públicos.

«Ante estas circunstancias, los inmuebles que ocupan los titulares de los órganos jurisdiccionales y el CJF, en su calidad de instalaciones estratégicas dada la función de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en los que se asiuenta uno de los Poderes de la Federación, requiere de un nuevo diseño y fortalecimiento del plan estratégico de seguridad institucional, acrode a las condiciones actuales del incremento de la criminalidad y de la transformación creciente de los órganos jurisdiccionales y del CJF, por lo que es necesario establecer un nuevo marco normativo que responsa a estos cambios sociales», puntualiza ese considerando.

El 27 de septiembre de 2010, durante una conferencia de prensa efectuada en México, dos jueces federales de Estados Unidos, que se reunieron en México con integrantes del CJF, aseguraron que los llamados «jueces sin rostro», que han utilizado países con problemas graves de crimen organizado, no son compatibles con la transparencia que debe caracterizar a un sistema penal de juicios orales, como el que adoptó México desde junio de 2008, tras una importante reforma constitucional.

Charles R. Simpson, juez de la Corte de Distrito para el oeste de Kentucky, sostuvo ese día que «la seguridad de los jueces es importante, pero la transparencia también es importante».

En México, desde 2007, se crearon los juzgados especializados en medidas cautelares, que aunque no están precididos por «jueces sin rostro», pues sus nobmres son públicos, en los hechos si están sumamente resguardados, pues ni abogados litigantes ni mucho menos periodistas o público en general tienen acceso a las instalaciones desde donde resuelven peticiones de cateo, arraigos o intervención de comunicaciones.