PRIMERA PLANA

Sin consigna política

contra Zeferino:JCHM

El contralor general de Guerrero, Julio César Hernández Martínez, rechazó la existencia de una consigna política contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a partir del inicio de un procedimiento administrativo por el manejo indebido de mil 038 millones de pesos.

 Las irregularidades cometidas en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac) podrían ameritar la inhabilitación hasta por 10 años, además de la presentación de una denuncia penal contra el ex gobernador y de quienes formaron parte de la estructura de mando en la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) durante los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.

 Los acusados tienen de plazo hasta finales del presente mes para comparecer ante la Contraloría General del Estado y presentar los elementos de prueba a su favor. Hernández Martínez, contralor general del estado, precisó que la investigación contra Torreblanca Galindo y su ex secretario de finanzas, Ricardo Ernesto Cabrera Morín entre otros ex servidores públicos tiene como punto de partida un falla de origen que abiertamente viola la ley.

Dicha falla consiste en haber autorizado a la Secretaría de Finanzas la construcción del Cedac, cuando esa es una atribución legal que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Dicha acción configura la agravante de ejercicio indebido de la función pública y puede sancionarse en diferentes niveles; la amonestación privada, amonestación pública, la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cualquier cargo en la administración pública y de existir las agravantes necesarias, se puede llegar a la presentación de denuncia penales. Indicó que la revisión hecha por la contraloría a su cargo detectó observaciones hasta por mil 038 millones de pesos, pero indicó que el ex mandatario y sus colaboradores tienen a salvo el derecho de comparecer ante dicho órgano y presentar las solventaciones correspondientes. D

ichas comparecencias pueden llevarse a cabo hasta finales de agosto, los ex funcionarios implicados tienen la opción de acudir personalmente o de hacerlo por escrito. Julio César Hernández Martínez negó que haya una consigna política en contra del ex gobernador y señaló que las revisiones que se realizan están sustentadas en la ley.

«La única consigna que existe, es la del pueblo que ya está harto de la corrupción y que con su voto nos pide que los desfalcos no queden impunes, por eso es que estamos avanzando en el desarrollo de las auditorías», apuntó.