OPINION

Ángel Aguirre Rivero y la

procuración de justicia

En memoria de Rogelio Lozano Herrera, Presidente del colegio de Abogados «Mariano Otero».

Efraín Flores Maldonado.

A lo largo de mi modesta experiencia como historiador e investigador de la ciencia política he sostenido que la columna vertebral que sostiene el prestigio de los hombres de estado es la presencia o la ausencia de una notable obra pública socialmente necesaria y muy destacadamente, de resultados «concretos» que el servidor público pueda mostrar en materia de procuración e impartición de justicia.

Por ello considero vital para la conciencia de los guerrerenses, hacer un análisis serio, crítico y propositivo sobre las disposiciones y las actuaciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero en estas materias.

Inicialmente es necesario resaltar que una primera obligación del Gobernador, debe ser perfeccionar la coordinación de su gobierno con la Federación y todos los municipios de guerrero para maximizar los resultados del «Sistema Nacional de Seguridad» , cuyos productos, en todo el país, son insuficientes y en algunos casos, francamente frustrantes.

Los Policías Federales han avanzado en su certificación, pero aun no han podido eliminar sus deficiencias, sus efectos colaterales y sus francas acciones deficientes y corruptas.

En el caso de Guerrero, las Policías Estatales y las municipales tienen años en el proyecto de certificación y sus avances son mínimos numéricamente y más aun en prácticas eficientes y honestas. No hay seguridad personal en las vías públicas de guerrero. Las policías son tan temibles como la delincuencia organizada y la desorganizada.

Entregar armas novedosas y vehículos es un riesgo, porque solo se justificaría en manos de elementos confiables, capacitados y certificados.

En las Policías Estatales debe hacerse una auditoria sobre constancias de estudios de todos los elementos para asegurar que sean autenticas y no apócrifas. Lo mismo debería de hacerse en la Procuraduría de Justicia con los Agentes del Ministerio Publico y en el Tribunal de Justicia con los Jueces y Secretarios de Acuerdos y Actuarios. No dejarlo a la confianza, sino a la certeza.

El crimen del Presidente del Colegio Estatal de Abogados, nuestro líder Rogelio Lozano Herrera, es una consecuencia más de la falta de seguridad pública en Guerrero y una indolente procuración de justicia.

Es cierto que Ángel Aguirre Rivero a logrado avances en la materia, elevando salarios, proporcionando armas y vehículos, reforzando el Programa Guerrero Seguro, pero la realidad cotidiana nos dice que la violencia y la impunidad son el rostro visible de la vida guerrerense.

Rogelio Lozano Herrera era un abogado prestigiado, sereno, juicioso y sobre todo honesto. Como servidor público eso lo distinguió. Como Presidente del colegio de Abogados fue visionario, opinando y aportando jurídicamente en los temas cruciales del Estado.

Como primer vicepresidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, expreso mi apoyo a la Procuradora Elba Garzón, al Secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez y al gobernador Ángel Aguirre Rivero en su lucha por la paz y la justicia, pero también les exijo que se aclaren y castiguen el asesinato del licenciado Rogelio lozano Herrera, porque su muerte impune, puede servir de impulso al asesinato de otros profesionistas y funcionarios relacionados con el derecho y el Servicio público. Es todo.