COLUMNA

El escándalo de Soriana

y el gobernador Aguirre

Alberto Mojica Mojica

Hace unos días, en el portal de Internet de Carmen Aristegui se difundió que siete estados de la República, entre ellos Guerrero, firmaron contratos con la cadena de tiendas de autoservicio Soriana para la compra de despensas. Las entidades señaladas son el Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Durango, gobernadas por el PRI; Sinaloa y Guerrero, gobernadas por el PRD o las alianzas de izquierda, y Baja California, gobernada por el PAN.

El sospechosismo, que en año electoral, como el actual, cunde más que en otros, ha llevado a muchos críticos a tratar de vincular esas operaciones con el reparto de tarjetas prepagadas de Soriana que hizo el PRI, que al mismo tiempo relacionan con la compra de conciencias y de votos a favor de Enrique Peña Nieto que está denunciando Andrés Manuel López Obrador.

Y no ha faltado quien haya tratado de involucrar en este escándalo al gobierno de Ángel Aguirre, pero el hecho de que entre los gobiernos que contrataron los servicios de Soriana esté uno del PAN –que no tendría motivación ninguna para apoyar a Peña Nieto– echa abajo este señalamiento.

Es obvio que se trata de una malhadada coincidencia, que aparentemente acabará perjudicando la imagen del gobernador Aguirre. Pero no hay que precipitarse en las conclusiones.

En primer lugar, hay que resaltar que la adjudicación de los contratos a la cadena departamental fue impecable. El gobierno del estado publicó la licitación para proveer a cinco programas sociales, y Soriana fue la única postulante. No hay perfidia en ello: si no hubo otra empresa interesada en proveer al gobierno, éste no tuvo más opción que elegirla.

En segundo lugar, hay que ver para proveer qué programas fue contratada Soriana. Por sus denominaciones (Despensas para Personas Vulnerables, Despensas a Familias en Desamparo, Desayunos Escolares Calientes, Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, no Escolarizados, y Despensas para la Desnutrición Guerrero Cumple), es evidente que se trata de programas dirigidos a los sectores sociales más desamparados, los que constituyen precisamente el objetivo prioritario del actual gobierno del estado y a los que tiene el deber moral de apoyar y acompañar, como corresponde a su vocación de izquierda.

Por lo demás, es necesario ser conscientes de que los años en que los mexicanos elegimos presidente de la República son particularmente difíciles para los gobernantes en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones sociales, porque prácticamente toda acción que emprendan despierta sospechas respecto de su imparcialidad ante los candidatos.

Y en este caso es aun más complicado debido a la conocida amistad entre el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el candidato ganador de la contienda electoral, Enrique Peña Nieto, al igual que el perdedor, Andrés Manuel López Obrador.

Pero, ¿sería moral y políticamente aceptable suspender los programas sociales por causa de una contienda electoral? Ciertamente, no. La ley electoral es muy clara al respecto, y prohíbe la divulgación de las acciones de gobierno, mas no su ejecución.

Y ciertamente esta operación se hizo con la debida discreción que debía guardar el gobierno estatal en un periodo preelectoral, lo cual podría de paso explicar por qué no nos habíamos enterado de ella, y vinimos a hacerlo precisamente cuando ya pasó la votación.

Si la acusación contra Aguirre es porque contrató los servicios de una empresa que, en una operación separada, también contrató el partido de uno de los contendientes por la presidencia de la República, hay que decir que el señalamiento es muy endeble.

Otra cosa sería si alguien probara que el contrato está sobrevalorado o sobrefacturado, o que es sólo una pantalla porque no hay tal proveeduría, por ejemplo. Pero algo así, hasta donde se sabe, no ha ocurrido.

Por lo demás, si el caso fuera que el dinero que el PRI pagó a Soriana era insuficiente, no había impedimento para que le pagara más, pues finalmente es casi imposible probar la relación de causalidad entre las tarjetas repartidas y el resultado de la elección de presidente de la República. En primer lugar porque tendría que demostrarse que quienes recibieron las tarjetas votaron por el tricolor, y luego tendría que probarse que lo hicieron así no por convicción, sino en correspondencia por haber recibido la tarjeta. ¿Cómo probarlo, si en nuestro país el voto es secreto?

Pero eso es harina de otro costal.

El gobernador Ángel Aguirre, al igual que el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha manifestado que respetará las leyes electorales, como lo ha hecho siempre, igual que lo prometió públicamente Andrés Manuel López Obrador. Así que tenemos su palabra: respetará la voluntad popular y todo lo hará dentro de la ley.

albertomojicamojica@hotmail.com