PRIMERA PLANA

Ignoran jueces y abogados

 leyes vigentes sobre infancia

Gladis Torres Ruiz. (CIMAC).—Los avances legislativos para garantizar los derechos de la infancia en México se han convertido en letra muerta, aseguran organizaciones de la sociedad civil.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, fue firmada por México ese mismo año y entró en vigor el 21 de septiembre de 1990. Pero fue hasta abril del año 2000 cuando se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entró en vigencia en mayo de 2001.

Esta norma faculta a las autoridades federales y estatales para que, en el marco de su competencia, tomaran medidas a favor de la infancia.

El proceso ha sido lento, dice a Cimacnoticias Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social, ya que la ley implicaba que las 32 entidades federativas generaran sus propias normas, las cuales no eran acordes con la legislación federal.

Hasta ahora el único estado que carece de ley de infancia es Chihuahua. Se han creado leyes locales, modificado códigos, se adecuó la Ley de Justicia Juvenil en 2006, sin embargo las normas no han sido suficientes; lo que se necesita es una política de Estado que garantice los derechos de la infancia, subraya Ramírez.

Otras organizaciones, como la Red Incidencia Civil en la Educación, señalan que las leyes que contienen postulados de la CDN no garantizan avances a favor de las y los niños.

 Esas leyes que surgieron por el impulso de la sociedad civil organizada han quedado en letra muerta porque no han sido difundidas ampliamente, de modo que abogados litigantes, jueces e incluso las personas beneficiarias ignoran que existen.

Por tanto no son invocadas en casos en los que se vulneran los derechos de niñas y niños, aseguran activistas.

Agregan que la normativa no está complementada con medidas que las hagan válidas a través de instancias accesibles y organismos públicos competentes.

Las organizaciones citan como ejemplo los casos de violencia en contra de niñas y niños, quienes se enfrentan al «anquilosado y burocrático aparato oficial que impide acciones inmediatas y efectivas, para hacer cesar tal violencia e impedir que se repita, volviendo además casi imposible la reparación de los daños ocasionados».

La semana pasada en la Cámara de Diputados quedó pendiente la aprobación de la Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), considera que ese proyecto no garantiza los derechos de la infancia.

La iniciativa presentada por la diputada del PRI Yolanda de la Torre y avalada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, carece de mecanismos para atender las problemáticas que afectan a las niñas y los niños, explica.

 Nashieli Ramírez agrega que esa ley no cuenta con los elementos suficientes para operar, y señala que niñas y niños tienen derecho a la educación y la alimentación, pero no dice cómo se cumplirán esas garantías.

«El problema no es que no nos hayan convocado (a opinar sobre la ley); el problema es que no está bien hecha.

En lugar de sacarla seis minutos antes de que acabe el periodo de sesiones, podemos darnos el tiempo de sacar una buena ley», apunta la activista.