COLABORACION

Jorge Carpizo y CNDH

en el Caso Guerrero

Alberto Mojica Mojica

　

El lamentable deceso del doctor Jorge Carpizo McGregor y todas las muestras de pesar expresadas por diversos sectores de la sociedad mexicana es, con todo y la pena que puede provocar la partida de tan notable personalidad, un buen pretexto para hacer algunas reflexiones sobre el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo del cual él fue primer presidente, cuando éste era nombrado por el presidente de la República, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari, quien la creó en 1990.

Poco después de fundada la Comisión, no transcurrió mucho tiempo para que se alzaran voces aquí y allá señalando que defendía a delincuentes. Y esas voces no han dejado de manifestarse, a pesar de que el organismo ha cumplido ya 20 años. El caso de la secuestradora francesa Florence Cassez es un ejemplo muy reciente: la CNDH ha sido cuestionada por su insistencia en defender los derechos humanos de esa mujer acusada y condendada.

Para no entrar mucho en detalle –porque no es el objetivo de este ensayo–, solo citaré unas palabras del fundador Carpizo McGregor al respecto: «la CNDH no defiende delincuentes, defiende a las personas, porque todas las personas tienen derechos humanos, y vigila que esos derechos no sean violados».

El tema viene a cuento porque hace apenas unos días, el 27 de marzo, la CNDH presentó por fin sus conclusiones respecto del caso Ayotzinapa y, como casi siempre ha ocurrido, nadie quedó enteramente satisfecho. Quienes deseaban que el ombudsman condenara al gobernador, que recomendara juicio político para él, se encontraron con que en ninguna parte del documento se menciona explícitamente esa posibilidad. Quienes esperaban recibir del organismo un trato suave y considerado, específicamente el ex procurador Alberto López Rosas, el ex secretario Ramón Almonte Borja y el ex subsecretario de Seguridad Pública Ramón Arreola Ibarría, se toparon con una recomendación particularmente dura: crear una comisión especial que vigile que sus procesos se apeguen a derecho para que no deje de castigárseles con todo el rigor de la ley. Y quienes no esperaban ser involucrados, como el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Faustino Soto Ramos, se encontraron con que la CNDH les pide participar, pero no les hace una petición clara, y eso también los deja insatisfechos.

Yo por ahora solo quiero referirme a un detalle de ese embrollo que es el caso Ayotzinapa: la declaración que hizo el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola Ibarría, para justificar la actuación de los policías de Guerrero: «El gobernador nos ordenó limpiar», dijo, lo cual simplemente no suena coherente ni verosímil, pues seguramente Ángel Aguirre ni siquiera sabría cómo comunicarse directamente con un subsecretario, por la sencilla razón de que para transmitir sus órdenes tiene a los secretarios, a sus colaboradores inmediatos.

En este caso, su colaborador inmediato era el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, a su vez jefe de Ramón Arreola Ibarría.

No me imagino qué hayan pensado en aquellos momentos los lectores, pero cuando yo leí la noticia de que alguien demandaba juicio político al gobernador Aguirre por la muerte de los dos estudiantes de Ayotzinapa, me dije que esa exigencia no tenía futuro, no pasaría, pues para que eso ocurriera primero había que demostrar que el mandatario dio la orden de someter a balazos a los manifestantes, y eso suena imposible.

El caso tiene su génesis el 26 de septiembre, cuando en un hecho sin precedentes el gobernador Ángel Aguirre visita la normal rural de Ayotzinapa Raul Isidro Burgos. Los estudiantes lo invitan a desayunar; dialoga con ellos y reitera su reconocimiento a la institución; se ofrece a construir una relación honesta con ellos, una relación sincera en la que se hable con la verdad para que esa relación perdure, que tenga cimientos sólidos, y reiteró que en su administración el diálogo franco y abierto será siempre su característica para resolver los problemas que aquejan a los guerrerenses. El gobernador Aguirre y el ex gobernador René Juárez han sido los únicos, en los recientes 40 años, que yo recuerde, que han tenido la sensibilidad de visitar esta normal y en franca camaradería dialogar con los estudiantes. En fin, que desde el principio se veía muy complicado que la demanda de juicio político contra Aguirre Rivero tuviera futuro, ni aun con la declaración dolosa de Ramón Arreola Ibarría.

Y para cerrar, vuelvo al tema con el que comencé, con motivo de la desaparición fisica del fundador y primer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo McGregor: en 1990, el entonces presidente Carlos Salinas dejó en el ex rector de la UNAM la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en junio de ese año lo designó presidente del organismo, que al principio dependía directamente del Ejecutivo. A partir de enero de 1993 Carpizo se convirtió en una de las principales piezas del salinato. En apenas año y medio ocupó la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación, en plena caída de Salinas y la crisis del presidencialismo autoritario con el auge del narcotráfico, el levantamiento zapatista en Chiapas y los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu.

Ese periodo marcó la vida pública de Carpizo, cuya imagen de académico y defensor de los derechos humanos dio paso a la del funcionario confrontado con algunos jefes de la Iglesia católica, a la que paradójicamente Salinas le había dado personalidad jurídica.

El doctor en Derecho que fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso desear larga vida a ese organismo y su continuo perfeccionamiento, para mejor servir al pueblo de México, por supuesto, sin presiones de altos mandos de la nación y con el único fin de atender a sus ciudadanos de bien.

albertomojicamojica@hotmail.com