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Obligados jueces a cumplir las

 reformas de derechos humanos

(Prensa-TSJ).— «Con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos -publicada en junio de 2011-, los jueces federales y locales están obligados no sólo a cumplirla, si no también a dictar sentencias con lineamientos internacionales, lo que marcará una pauta importante en el desarrollo esta materia», aseguró el doctor José Alfonso Herrera García, al disertar la conferencia «La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la reforma Constitucional en materia de derechos humanos».

El especialista de origen chilpancingueño, actualmente Secretario de Estudio de Cuenta, adscrito al Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó en el evento convocado por el Poder Judicial del estado de Guerrero, como comentarista del libro «La facultad de atracción del ministerio público», de la autoría de la maestra María de Jesús Paola Castro Nava. Herrera García, consideró que esta reforma tiene un antes y un después, definiendo en el pasado una Constitución un poco anclada en términos que no eran muy acordes con lo que el Consejo Internacional establecía respecto a la denominación de los propios derechos de las personas como derechos humanos y que antes se les denominaba garantías individuales; ahora, con el advenimiento de la reforma se modifica la terminología, pero también la Constitución dice por primera vez que no otorga los derechos humanos como lo hacía antes si no que reconoce que las personas tienen esos derechos por el sólo hecho de ser personas y ese cambio de filosofía cambia la manera de operar el derecho.

 En un mismo encuentro académico, realizado en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, se desarrolló la presentación de la obra «La facultad de atracción del Ministerio Público, estudio de una potestad formalmente discrecional y materialmente arbitraria en delitos de fuero común, conexos a delincuencia organizada», cuya autora es la maestra María de Jesús Paola Castro Nava, igualteca estudiosa del derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, con especialidades en España y actualmente Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en materia penal, con sede en Guadalajara, Jalisco.

La joven autora de este libro, resumió que su intención con escribirlo obedece a tres puntos fundamentales: «el ejercicio discrecional del ministerio público en casos de delincuencia organizada; la problemática de reinserción social de personas juzgadas por estos delitos y cuestionar qué está pasando con los asuntos no juzgados que se quedan en la impunidad».

En su intervención, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, celebró el rápido crecimiento profesional de la autora, egresada de la Facultad de Derecho de la UAG, así como el interés del titular del TSJ, Martínez en exponer estas obras y enriquecer académicamente al servidor público judicial.

Agregó que el libro tiene dedicatoria en su contenido para los legisladores, pues Hay mucho trabajo que hacer en esta materia». La obra fue comentada además por la destacada doctora, visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Kristina Georgieva Nikleva, coincidiendo con el resto de los comentaristas en citar que este libro cumple con las expectativas de un contenido teórico-práctico muy claro, entendible para el lector.