COLUMNA

La Jaula de Dios

Jesús Pintor Alegre

Gato por liebre, o seguridad por miedo y violaciones a los derechos humanos. Nada es tan cuestionado en estas fechas, como las políticas en materia de seguridad pública, aplicadas por el presidente Napoleón Bonaparte, alias Felipe Calderón Hinojosa, quien bala por bala, ha dinamizado la guerra, sustentada en un presupuesto oneroso y cargado de irregularidades.

Una forma de entender el combate a la inseguridad pública, que se reproduce en muchos estados, incluido el de Guerrero, donde los daños colaterales de nuestro heroico presidente con empleo, han pasado a formar parte de los suvenir virtuales, que adornan las hebras sensibles y todas y cada una de las neuronas, de todos y cada uno de los habitantes de este país caótico.

Las 32 entidades federativas son por ahora un búnker militar, cuartel y plaza de paseo de las llamadas fuerzas del orden, entre elementos castrenses y policiacos, que tras permanecer en alerta, o en imaginaria, por décadas, al arribar Napoleón Bonaparte, les abrió las puertas para que escudados en un poder relativo basado propiamente en sus armas, se apoderaran del territorio nacional.

De esta forma, han surgido reclamos por parte de la sociedad que se han sentido y han sido lastimados. Los anuncios en contra de los grupos de poder, han respondido con que la gente exagera, pues las fuerzas de seguridad son casi almas de Dios.

Sin embargo, la organización internacional Human Rights Watch, en un texto girado por CIMAC noticias, denunció que durante la guerra contra la delincuencia organizada en México, se incrementó la violencia así como las violaciones a Derechos Humanos, cometidas por militares y policías, sin que estos casos se investiguen adecuadamente.

En el informe «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México», la organización informa de las consecuencias del combate a los cárteles de narcotráfico, en una clara estrategia fallida, y hace un llamado para que el Estado proteja a la ciudadanía. Algo que de facto, no lo ha hecho y no se notan visos para que suceda.

A través de investigaciones exhaustivas, que se llevaron a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 «desapariciones», y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Datos que causan escalofríos, de cierto.

En los cinco estados documentados con más alta incidencia violenta: Guerrero, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, se comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción, o proporcionen información sobre los cárteles.

Ese mismo informe publicado por CIMAC, también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Por lo que para la organización defensora de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuatro sentencias sobre desaparición forzada, violación sexual y tortura

y detención arbitraria, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han pronunciado en contra de los alcances de la jurisdicción militar. Un asunto que sigue pendiente en el Congreso de la Unión.

De acuerdo al texto, y por información de los agentes del Ministerio Público Militar, en los cinco estados se han iniciado mil 615 investigaciones de violaciones a derechos humanos, presuntamente cometidas por soldados contra civiles. Un tema que aquí en Guerrero es reincidente, y un reclamo a grito abierto, sobre todo en las zonas marginadas.

La HRW da un dato: Felipe Calderón ha señalado en varias oportunidades que el 90 por ciento de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico, son miembros de bandas de delincuencia organizada, un juicio adelantado muy parecido al que acostumbraba nuestro heroico Zeferino Torreblanca Galindo.

El miedo social no es gratuito, y ahora se ha abierto en dos grandes ramales, por un lado, la llamada delincuencia organizada, y por el otro, las fuerzas del orden oficiales, un cuadro que no puede ser suavizado por aspirantes ilusos, que pretenden con su verborrea, o su costal de despensas y dádivas ignominiosas, ocupar una curul en el congreso local o federal, o la silla de algún ayuntamiento.