PRIMERA PLANA

Acusa una familia de

corrupción a 2 jueces

La familia Flores Ortega de la ciudad de Chilpa de Alvarez, denunciaron por actos de corrupción y tráfico de influencias dos jueces del estado de Guerrero, uno de Zihuatanejo y el otro de Chilapa, asimismo al diputado local del PRD Catalino Duarte Ortuño, denunció hoy ante los medios de comunicación de Chilpancingo.

El señor Francisco Flores Guerrero y su hija Briselda Flores Ortega, denunciaron que fueron desalojados el 8 de julio de 2011 por más de 100 policías de una casa que anteriormente les pertenecía a ellos, ubicada en el barrio del Dulce Nombre del centro de Chilapa de Alvarez.

Explicaron que el señor Francisco Flores Guerrero compró esta casa el día 16 de agosto de 1972 a la señor Porfiria Carranza de Deloya, para ello cuenta con escrituras originales de la compra del bien inmueble, pero que después apareció otro dueño de nombre Jesús Ramírez Rocha, argumentando que esta casa le perteneció al sacerdote hoy fallecido Gregorio Bello Carranza y empezó a realizar un juicio en contra del familia Flores Ortega.

El desenlace de este juicio, fue que el día 8 de julio pasado el juez Saúl Torres Marino, juez primero del ramo civil del distrito judicial de Azueta y la juez Leonor Olivia Rubalcaba Vargas juez de primera instancia del distrito judicial de Álvarez, mandaron el desalojo de esta familia con la presencia de más de cien policías.

Denunciaron que hubo tráfico de influencias, corrupción y abuso de autoridad por parte de los jueces, pero además involucran al diputado local del PRD Catalino Duarte Ortuño, toda vez que l hija de Jesús Ramírez Rocha, es secretaria particular de este legislador y presumen que desde el congreso local presionaron a las autoridades judiciales para que decretaran la orden de desalojo, sobre todo porque el legislativo en un sesión pasada, aprobó un exhorto al tribunal superior de justicia para que resolviera este caso.

Manifestaron que el demandante presentó una escritura «apócrifa» del 2009, por lo tanto denuncian que la justicia se vendió al mejor postor, «este día se llevó cabo la última audiencia para finiquitar este asunto, pero nosotros desde el pasado tres de octubre ya promovimos una apelación y estamos exigiendo que se nos haga justicia».