NOTA ROJA

Cuestionan a Willy

y a sus defensores

Es cuestionable la defensa del presidente municipal priísta Willy Omar Reyes Ramos, quien contrató los servicios de defensoría de un buffete jurídico altamente cotizado, mismo que se ha dedicado a defender altos funcionarios y políticos, cuando se supone que el municipio de Tlapa de Comonfort es uno de los más pobres de la región de la montaña.

Barras de abogados de Chilpancingo consideraron que el despacho jurídico de Javier Olea, tiene tarifas muy elevadas en cuanto al cobro de sus servicios, mismos que van arriba del millón y 10 millones de pesos, dependiendo sea grave el asunto.

«En esta caso que el presidente municipal de Tlapa se encuentra señalado como uno de los presuntos implicados en la muerte de un diputado federal de la montaña, pues económicamente le vendrán cobrando unos cinco o siete millones de pesos», denunció el abogado litigante Víctor Juárez Cárdenas del despacho jurídico «Juárez y Asociados».

Por otra parte el abogado defensor Sergio Palma Alarcón, sostuvo que este despacho de Javier Olea se ha dedicado a defender grandes personajes de la política y altos funcionarios e incluso fue una de las defensorías que tuvo en su momento el ex presidente de la República Carlos Salinas de Gortari.

«Mira pues cada quien es libre de contratar los servicios que mejor les convenga, pero en este caso una figura pública como la de un presidente municipal de Tlapa y que tiene a la manos de los recursos de un municipio, si es cuestionable porque entonces quieres decir que el dinero del presupuesto pudiera estarse desviando para defender a un delincuente y hasta un asesino, en caso de que se comprobara su culpabilidad, quiere decir que el dinero se estará desviando y mal usando en pagos de defensores».

Y es que el edil de Tlapa de Comonfort ha estado presumiendo que cuenta con los medios de necesarios como para comprar grandes defensores jurídicos y de tener los medios económicos suficientes como para organizar masivos destapes y cumpleaños, de seguro haciendo mal uso de los recursos públicos municipales.