PRIMERA PLANA

Agresiones a reporteras

y desdén de autoridades

Anayeli García Martínez. (CIMAC).—El acoso, hostigamiento y amenazas contra informadoras son pan de cada día en todo el país, sin embargo, al ser denunciadas son consideradas «menos importantes» por las instancias de gobierno al grado que ni siquiera aparecen en los informes oficiales, acusan comunicadoras.

De acuerdo con defensoras de la libertad de expresión, la violencia contra las periodistas tiene un matiz distinto a la que se ejerce hacia los reporteros: a ellas se les acosa sexualmente, se les difama e incluso se les cuestiona su calidad moral como personas.

A lo anterior se suma la discriminación e impunidad que enfrentan al recurrir a las Procuradurías de Justicia o a las Comisiones de Derechos Humanos.

DISTINTO MODUS OPERANDI

«No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras de operar de los agresores cambian», explica Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara.

Ramírez Cuevas, quien ganó en 2009 el Premio Rey de España por un reportaje sobre la discriminación, desde el año pasado es hostigada por cubrir las movilizaciones contra la presa El Zapotillo, en Jalisco.

En abril de 2010 unos hombres que se identificaron como empleados federales comenzaron a amenazarla. Se metieron con su vida personal al relacionarla sentimentalmente con un defensor de Derechos Humanos, después la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte por sus investigaciones.

Jade Ramírez advierte que sus agresores «cuidaron las formas de violentar para que el hecho se relacionara con cuestiones personales y no laborales». Después, relata, el acoso fue a través de correos electrónicos y llamadas intimidatorias contra ella y su familia.

La periodista denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco pero las amenazas siguieron. En el colmo, cuando en abril de 2010 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el tercer visitador Alfonso Barrón le dijo: «acostúmbrate».

Jade sólo tuvo apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, instancias que dan seguimiento a su caso.

En su informe «La violencia en México y el derecho a la información 2010», las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que «las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas».

CIFRA NEGRA

Al clima de hostigamiento contra las periodistas, se añade que ningún reporte oficial tiene desagregado por sexo los casos de violencia contra las reporteras.

Por ejemplo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, reportó el inicio –de febrero a junio de 2010– de 35 averiguaciones previas o actas circunstanciadas por ese delito.

Hubo un aumento de denuncias ante la FEADLE respecto a las 29 de 2008 y las 16 de 2009. Sin embargo la Fiscalía no desagregó los casos por sexo y por tanto se dificulta saber el número de reporteras violentadas por ejercer su profesión.

Cencos y Artículo 19 reportaron que en 2010 hubo 129 agresiones contra informadores, de los cuales 29 fueron en perjuicio de mujeres periodistas. Ambas organizaciones civiles han denunciado que la FEADLE demuestra ineficacia para resolver los atentados a la libertad de expresión.

REPORTERA ASESINADA

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que en 2010 fue asesinada en México la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero. Además otras 18 periodistas fueron agredidas o amenazadas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen sigue impune.

Un caso reciente de hostigamiento es el de Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx. Desde el pasado 8 de junio, ella denunció que en la web se difundieron correos que cuestionan su calidad moral y su vida personal, lo cual –acusó– ocurre a raíz de su postura crítica al gobierno de Quintana Roo.

En ocasiones anteriores, Buenfil recibió amenazas telefónicas contra la vida de sus hijos y en 2002 ya había sufrido una agresión física por parte de un sujeto desconocido, hecho que denunció ante la Procuraduría de Justicia estatal sin tener respuesta.

Verónica Galicia, directora de la radio comunitaria La Voladora, de Amecameca, Estado de México, advierte que la violencia ha permeado contra las y los trabajadores de todos los medios informativos.

Asegura que las mujeres son más vulnerables porque se les desdeña como periodistas y por la falta de protocolos de seguridad de los propios medios de comunicación, en especial los comunitarios y públicos.