Nota roja
Sin justicia ante el
crímen de 2 líderes
Hasta la fecha las indagatorias no han arrojado resultados: los hechos no han sido esclarecidos y los responsables no han sido sancionados, quienes asesinaron a Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica a los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Como se recordará el 13 de febrero del 2009, fueron secuestrados los dos dirigentes indígenas, mientras se encontraban en un acto público convocado por el Ayuntamiento.
Desde entonces los indígenas na savi (mixtecos) y dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos y desaparecidos por personas que se ostentaron como elementos de seguridad. Siete días después, el 20 de febrero, fueron hallados en el municipio de Tecoanapa los cuerpos de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas con visibles huellas de tortura.
Desde el momento de su desaparición hasta el día en que fueron encontrados los cuerpos de Raúl y Manuel, las autoridades estatales encargadas de la investigación actuaron con lentitud, a pesar de las acciones que emprendieron los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Las indagatorias continuaron siendo poco diligentes y, al existir indicios relacionados con la comisión de delitos federales, fueron remitidas a la Procuraduría General de la República. A la fecha, sin embargo, esas indagatorias no han arrojado resultados: los hechos no han sido esclarecidos y los responsables no han sido sancionados.
Así, tras dos años de infructuosas investigaciones la impunidad ha prevalecido, sin importar que a la exigencia de justicia de los familiares de Raúl y Manuel se hayan sumado actores tan diversos como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de la ONU; la Presdencia de la Unión Europea; organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Due Process Legal Foundation, The Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG), Amnistía Internacional; e incluso el Congreso de la Unión de nuestro país.
Al constituir un signo inequívoco de que en México los atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos son tolerados por el Estado, la impunidad también ha significado perpetuar las condiciones de riesgo que se ciernen sobre las y los activistas en Guerrero. En este sentido, es preciso recordar que a consecuencia de la desaparición forzada y posterior ejecución de Raúl y Manuel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el 9 de abril de 2009 la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero, integrantes de la OFPM, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y de Tlachinollan. Sin embargo, estas medidas han sido inefectivas: durante el 2010, otro dirigente na savi de la OFPM, Álvaro Ramírez Concepción, sufrió un atentado armado y fue acusado injustamente de un delito que se le imputó con base en falsedades; por su parte, los dirigentes de la OPIM recibieron nuevas amenazas, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; finalmente, Tlachinollan no ha podido reabrir sus oficinas en Ayutla, desde el 2009, por falta de condiciones de seguridad.
Para conmemorar el indignante y cobarde homicidio de Raúl y Manuel, denunciar la falta de avances en la respectiva investigación, y reiterar el riesgo permanente que enfrentan en Guerrero las defensoras y los defensores, organizaciones civiles nacionales y del estado confluirán este viernes 25 de octubre en la ciudad de Ayulta en la realización de un acto público para rememorar a ambos defensores de derechos humanos na savi.
Frente a la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que auspician la impunidad y permanecen pasivas frente a las amenazas, la memoria de Raúl y Manuel seguirá congregándonos, como lo hace en este segundo aniversario, para exigir justicia y recordar su testimonio de vida, marcado por la entrega y el compromiso a favor de los de derechos de los pueblos indígenas de Guerrero.
crímen de 2 líderes
Hasta la fecha las indagatorias no han arrojado resultados: los hechos no han sido esclarecidos y los responsables no han sido sancionados, quienes asesinaron a Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica a los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Como se recordará el 13 de febrero del 2009, fueron secuestrados los dos dirigentes indígenas, mientras se encontraban en un acto público convocado por el Ayuntamiento.
Desde entonces los indígenas na savi (mixtecos) y dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos y desaparecidos por personas que se ostentaron como elementos de seguridad. Siete días después, el 20 de febrero, fueron hallados en el municipio de Tecoanapa los cuerpos de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas con visibles huellas de tortura.
Desde el momento de su desaparición hasta el día en que fueron encontrados los cuerpos de Raúl y Manuel, las autoridades estatales encargadas de la investigación actuaron con lentitud, a pesar de las acciones que emprendieron los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Las indagatorias continuaron siendo poco diligentes y, al existir indicios relacionados con la comisión de delitos federales, fueron remitidas a la Procuraduría General de la República. A la fecha, sin embargo, esas indagatorias no han arrojado resultados: los hechos no han sido esclarecidos y los responsables no han sido sancionados.
Así, tras dos años de infructuosas investigaciones la impunidad ha prevalecido, sin importar que a la exigencia de justicia de los familiares de Raúl y Manuel se hayan sumado actores tan diversos como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de la ONU; la Presdencia de la Unión Europea; organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Due Process Legal Foundation, The Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG), Amnistía Internacional; e incluso el Congreso de la Unión de nuestro país.
Al constituir un signo inequívoco de que en México los atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos son tolerados por el Estado, la impunidad también ha significado perpetuar las condiciones de riesgo que se ciernen sobre las y los activistas en Guerrero. En este sentido, es preciso recordar que a consecuencia de la desaparición forzada y posterior ejecución de Raúl y Manuel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el 9 de abril de 2009 la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero, integrantes de la OFPM, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y de Tlachinollan. Sin embargo, estas medidas han sido inefectivas: durante el 2010, otro dirigente na savi de la OFPM, Álvaro Ramírez Concepción, sufrió un atentado armado y fue acusado injustamente de un delito que se le imputó con base en falsedades; por su parte, los dirigentes de la OPIM recibieron nuevas amenazas, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; finalmente, Tlachinollan no ha podido reabrir sus oficinas en Ayutla, desde el 2009, por falta de condiciones de seguridad.
Para conmemorar el indignante y cobarde homicidio de Raúl y Manuel, denunciar la falta de avances en la respectiva investigación, y reiterar el riesgo permanente que enfrentan en Guerrero las defensoras y los defensores, organizaciones civiles nacionales y del estado confluirán este viernes 25 de octubre en la ciudad de Ayulta en la realización de un acto público para rememorar a ambos defensores de derechos humanos na savi.
Frente a la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que auspician la impunidad y permanecen pasivas frente a las amenazas, la memoria de Raúl y Manuel seguirá congregándonos, como lo hace en este segundo aniversario, para exigir justicia y recordar su testimonio de vida, marcado por la entrega y el compromiso a favor de los de derechos de los pueblos indígenas de Guerrero.