PRIMERA PLANA

Proteger a miembros

de la OPIM, exige AI

Amnistía Internacional hizo hoy un llamado urgente al gobierno de México a brindar protección inmediata a los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel y su esposo Cuauhtémoc Ramírez, quienes nuevamente recibieron una amenaza de muerte únicamente por su labor en la defensa de los derechos humanos. Ambos son integrantes y dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la cual defiende los derechos indígenas en el estado de Guerrero.

El pasado 28 de noviembre Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez encontraron una carta anónima bajo la puerta de su casa en la que se los amenaza de muerte principalmente por el trabajo que han hecho para exigir justicia en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las dos indígenas tlapanecas fueron torturadas y agredidas sexualmente por miembros del ejército en 2002 y en ambos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recientemente dictó sentencia en contra del Estado mexicano.

Las amenazas en contra de miembros de la OPIM han sido recurrentes en los últimos años. Por tal motivo, en abril de 2009 la CoIDH dictó medidas provisionales a favor de Obtilia Eugenio Manuel, su esposo y sus hijos, así como 107 defensores y defensoras más del estado de Guerrero. Esta nueva agresión amenaza a ambos defensores por sus esfuerzos para impulsar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH.

A pesar del compromiso del gobierno de implementar medidas de protección para los defensores de derechos humanos bajo riesgo, varios defensores han señalado que la falta de cumplimiento de manera pronta y eficaz los ha dejado vulnerables a nuevas agresiones. Estas nuevas amenazas a los líderes de OPIM ponen de manifiesto las deficiencias en las medidas de protección proporcionadas por las autoridades.

El caso de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez resalta una vez más la urgente necesidad de que el gobierno mexicano desarrolle un mecanismo integral de protección para las y los defensores de derechos humanos en riesgo.

Esta nueva amenaza en contra de los esfuerzos legítimos de los defensores para impulsar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH muestra la importancia de que el gobierno garantice la protección efectiva de los defensores y asegure el cumplimiento cabal de las sentencias contra México de la CoIDH.