PRIMERA PLANA

Se regocija la impunidad

del crimen Digna Ochoa

Manuel Fuentes Muñiz*(CIMAC).—Después de más 9 años de haber encontrado muerta de dos balazos a la abogada, Digna Ochoa y Placido en su despacho jurídico de la Colonia Roma en el Distrito Federal, con dos balazos y de múltiples evidencias de un asesinato, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sigue insistiendo en la teoría del suicidio.

El 26 de Noviembre de 2010 la PGJDF emitió un boletín de prensa donde señaló: «…luego de revisarse en forma meticulosa y pormenorizada, todas y cada una de las constancias que integran la indagatoria, comprendidas en 90 tomos con 36 mil 970 fojas y 83 anexos, en el que se analizaron diversas y muy variadas probanzas, tanto oficiales como de la coadyuvancia, entre ellas, inspecciones ministeriales, fes ministeriales diversas, necropsia, ampliaciones de necropsia, exhumación de cadáver, testimonios, dictámenes periciales, en las especialidades de criminalística de campo, medicina forense, química forense, balística, genética, patología, documentoscopía, grafoscopía, psicología, entre otros, opiniones emitidas por especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos externos, así como analizadas diversas líneas de investigación, se llega a la conclusión de reiterar la autorización de no ejercicio de la acción penal».

Lo cierto es que desde abril de 2004, cuando se disolvió la fiscalía especial para el caso Digna Ochoa, la PGJDF ya no continuó realizando investigaciones adicionales dejando de considerar nuevas pruebas o abundar en las existentes, a pesar de contradicciones evidentes de declaraciones o pruebas periciales que aparecen en el citado expediente.

Los miles de fojas de la investigación de la abogada Ochoa y Placido se encuentran arrinconadas en un cubículo de tres metros de largo y dos de ancho de la fiscalía de homicidios, y a partir de la administración del Miguel Ángel Mancera únicamente se asignó una ministerio público y una ayudante, quienes además de sus cargas de trabajo normales de otros casos, como un trabajo extraordinario se les ordenó re estudiar el caso.

En ese expediente voluminoso se dio cuenta de la averiguación previa FCIH/1/T1/0063/07-09, que se levantó ante la denuncia de campesinos que venían desde Petatlán Guerrero, Javier Torres Cruz e Isaías Torres Cruz y quienes venían acompañados de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG).

Era el 19 de septiembre de 2007 cuando se presentaron ante la PGJDF y declararon la persecución de la que eran objeto por parte del cacique Rogaciano Alva Álvarez.

Todavía temblando de miedo, estos campesinos relataron ante un ministerio público las represalias que habían sufrido por tener información de que pistoleros de ese cacique habían mandado a matar a la abogada Digna Ochoa.

Mostraron fotografías de sus casas incendiadas y hasta detalles de homicidios cometidos en contra de sus familiares por parte de pistoleros de Rogaciano Alva, para desaparecer toda información que vinculaba al cacique con el homicidio de la abogada. Todas estas evidencias quedaron agregadas al expediente en poder de la PGJDF.

Ellos relataron que estuvieron mucho tiempo escondidos y que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos guerrerense, pudieron llegar al Distrito Federal para hacer estas graves declaraciones.

Sin embargo, la PGJDF nunca investigó los hechos que vinculaban al cacique con estas nuevas evidencias. Antes de estos hechos el cacique fue citado por las autoridades quienes le preguntaron si conocía a la abogada Digna Ochoa, el respondió que no y dejaron de molestarlo.

Lo más grave es que siempre que se solicitó el expediente, se me informaba: «se encuentra extraviado».

Pude tener acceso a esa investigación y me constan esos hechos porque en ese tiempo era coadyuvante del ministerio público en representación de los familiares de la abogada Ochoa y Plácido.

Posteriormente dimos cuenta de que uno de los testigos que habían declarado en contra del cacique había sido secuestrado el 3 de diciembre de 2008, y que durante 10 días estuvo en manos de personas que le reclamaban y amenazaban por acusar el cacique.

Javier Torres siempre traía consigo las declaraciones hechas en la PGJDF como una especie de «salvoconducto protector», sin embargo por ese motivo fue severamente golpeado. Le arrebataron esos documentos y le advirtieron no se metiera más en el caso.

Estos hechos que fueron del conocimiento de la opinión pública fueron dados a conocer por mi persona a la PGJDF para que solicitaran informes a las autoridades ministeriales guerrerenses, sin embargo mi petición fue desechada.

Ahora se concluye irresponsablemente en la teoría del suicido y hace que la impunidad se regocije ante la incapacidad de las autoridades ministeriales.

* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Consejo de Cimac. mfuentesmz@yahoo.com.mx