PRIMERA PLANA

Con protesta CECOP

rechaza La Parota hoy

ACAPULCO, GRO.—La añana de hoy jueves más de 500 campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota se manifestaron a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para externar nuevamente su rechazo a la imposición de la megrapresa; lo anterior en el contexto de la posible aprobación de un rubro presupuestal por más de 4.200 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a la construcción del proyecto.

En el evento, el CECOP reiteró que la construcción de la presa La Parota es inviable social y ambientalmente, que, con presupuesto o sin él, la presa no será construida y que defenderán sus tierras, sus derechos y sus recursos naturales hasta el último momento. En este sentido anunciaron próximas movilizaciones y acciones para defender su territorio.

Durante el evento, los manifestantes, junto con representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entregaron al Ingeniero Alberto González Bornios, superintente de Zona Acapulco de la CFE, una carta donde se expresa «la rotunda y terminante oposición a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, que la CFE en contubernio con el gobierno estatal pretende imponer en nuestra tierra». Asimismo entregaron el acta de la Audiencia del 1 de julio de 2010 en la que la magistrada Martha Leticia Gracida Jiménez del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del 41 distrito dictó medidas suspensivas de carácter cautelar.

En estas medidas se ordena la suspensión de toda obra y acción dentro de los Bienes Comunales de Cacahuatepec hasta que no se resuelva el juicio de nulidad 360/2010 por la asamblea irregular celebrada el 28 de abril del 2010 en La Concepción.

Los comuneros y ejidatarios también demandaron respeto a su decisión expresada en la consulta realizada el 12 de agosto de 2007 en Agua Caliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la que, con la participación del gobierno federal y estatal así como de la CFE y la información necesaria, la mayoría de los dueños de la tierra rechazaron tajantemente la construcción del proyecto hidroeléctrico la Parota. Cabe recordar que esta consulta fue la única que se hizo a los estándares internacionales contemplados en el convenio 169 de la OIT, por lo cual es una decisión que el gobierno deberá respetar.

Los campesinos aglutinados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) recordaron que desde 2003, trabajadores de la CFE, con apoyo del gobierno estatal, ingresaron ilegalmente en los territorios de los pueblos que serían afectados por la construcción de este proyecto. El CECOP expresó que desde el inicio los pueblos no fueron consultados y que el proyecto hidroeléctrico La Parota se ha intentado imponer con el despliegue de la fuerza pública.

Así mismo el CECOP reiteró que en ya en cuatro ocasiones los Tribunales Agrarios anularon las Asambleas realizadas en 2005-San Marcos, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma-en las el gobierno y la CFE trataron de imponer la presa, debido a las irregularidades que se presentaron. La Asamblea realizada de 28 de abril de 2010 en La Concepción, en la que se aprobó la expropiación de 1.383 hectáreas, incurrió en los mismos vicios: taxistas acarreados de Acapulco, una presencia policiaca de 300 efectivos, falta de convocatoria dentro de plazo…

También recordaron que después su visita a la zona, los Relatores de la ONU sobre la Situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y por el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, recomendaron respetar la decisión de los dueños de la tierra, subrayaron las graves irregularidades en los proceso de consulta y urgieron al gobierno mexicano a explorar otras vías de generación de energía.

Es preciso mencionar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) realizaron un análisis sobre los impactos ambientales que conlleva la construcción del Proyecto Hidroeléctrico la Parota, con el objetivo de apoyar a los relatores de la ONU en su análisis sobre la situación de los Derechos Humanos en este caso. Dentro de este análisis se hacen mención de los impactos negativos que genera este tipo de represas sobre la salud pública, en particular, respecto de las enfermedades transmitidas por vectores y malaria, que pueden incrementarse como consecuencia de la construcción de la presa, considerando las características geográficas del área.

Dentro del análisis que hace CEMDA y AIDA sobre La Parota, se menciona que, de acuerdo con los expertos, existe un riesgo sísmico real con la construcción de esta megapresa porque el embalse está ubicado en un «área altamente sísmica», ya que se encuentra entre la placa Oceánica de Los Cocos, Norteamericana Continental y el horst triangular «Cerro Los Mayos» –las megapresas pueden incrementar la actividad sísmica en el área en la que se construyen, debido a la presión en el suelo por el volumen significativo de agua añadido-

CEMDA y AIDA señalan que la evaluación deficiente de La Parota ignora el derecho ambiental internacional, particularmente los principios de prevención y precaución, la obligación de implementar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas cuando una actividad pueda afectar el ambiente, y el principio de participación pública y acceso a la información, todos previstos en la Declaración de Río, y reconocidos también en tratados ambientales y el derecho ambiental internacional consuetudinario. Los impactos significativos de La Parota sobre la biodiversidad violan a su vez el objetivo de la Convención sobre Diversidad Biológica; pues, en vez de proteger la biodiversidad en el territorio, el Gobierno de México está motivando su destrucción.

Con este escenario de por medio el CECOP reiteró lo que en su momento ha manifestado también la Comisión Mundial de Represas respecto a que, sin una adecuada medición de impacto ambiental y sin procesos de consulta efectivos que garanticen el respeto a los derechos humanos de las poblaciones afectadas; su derecho a la información, su derecho a un medio ambiente sano, su derecho de acceso a la justicia y su derecho a la participación, la construcción de represas genera más costos que beneficios.