PRIMERA PLANA

Militares deben regresar

a sus cuarteles:TADECO

Luego de que efectivos del ejercito mexicana ejecutaran a un joven de 17 años de edad en la comunidad se San Juan Bautista Coapala, municipio de Atlixtac, región de lamontaña los militares deben de salir de las calles de las ciudades y de los caminos de los pueblos, su tarea es solo defender a la nación de fuerzas extranjeras en tiempos de guerrera, «no hay movimiento armado que ponga en riesgo la estabilidad social del país solo la delincuencia mantiene en tensión a la sociedad», resaltó Javier Monrroy Hernández director general del TADECO.

Consideró como un acto reprobable que militares el día 26 de octubre pasado ejecutaran al joven Abraham Sonora Ortega de 17 años de edad en la comunidad de San Juan Bautista Coapala, precisamente cuando se encontraba leñando en el campo y hasta el momento los asesinos de la defensa nacional no han sido juzgado; ni por la ley marcial ni la ley civil.

«Deben ser autoridades civiles quienes enjuicien, castigue o juzguen a los militares que atentan contra civiles, es algo que todavía no se encuentra legislado, la concesión que aparentemente esta dando el gobierno de Calderón, no es suficiente porque los militares con argumentos falaces y argucias, pueden seguir protegiendo a sus miembros».

En torno a la presencia de militares en las calles de las ciudades de Guerrero, en los caminos rurales y carreteras federales, consideran el tadeco que estos debe salir lo antes posible, regresar a sus cuarteles ya que su función es defender a la soberanía del país solo en tiempos de guerra y como aquí no hay guerrilla, ni grupos armados que pongan en riesgo la estabilidad de la sociedad, pues deben salir de las calles, ya que en lugar de que establezcan la seguridad y paz social infunden miedo y homicidios en contra de civiles.

Considera también el representante de esta agrupación que los militares que cometen ese tipo de delitos dolosos como el del joven de Coapala, estos deben ser juzgados por un juez civil, al parecer ya existe una concesión en ese sentido, pero como hay muchos «vericuetos» o lagunas, de todas maneras hasta el momento ningún uniformado ha sido juzgado de esta manera, además de que la ley sigue favoreciendo a los militares asesinos.

Contra militarización

de las policías:ONG’s

Organizaciones sociales guerrerenses y de partidos políticos se pronunciaron porque la iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa de unificar a un solo cuerpo policial militar para todos los estados de la República tenga contextos definidos para saber en qué circunstancias podría la ciudadanía denunciar delitos y atropellos que cometan.

Mediante un comunicado girado al secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, marcan su postura y señalan de estrada que en el marco de las discusiones entre la comunidad nacional e internacional de defensores de los derechos humanos generadas a partir de las reformas al Código de Justicia Militar, la jurisdicción militar no equivale a impunidad.

No obstante, no podemos dejar de señalar nuestro disenso respecto de varios puntos sustantivos del posicionamiento público de esa Secretaría. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que sea la propia autoridad ministerial investigadora militar la que determine qué casos serán remitidos al fuero civil, al quedar bajo su responsabilidad la práctica de las primeras diligencias tendentes a comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del victimario.

La prevaleciente falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas abre la puerta a que delitos dolosos se clasifiquen como culposos; a que lesiones graves no sean tenidas como tales; a que actos de tortura sean minimizados; o incluso a que deliberadamente se manipulen las evidencias, como ha ocurrido en numerosos casos recientes según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señalan que la propuesta del Calderón ignora los estándares internacionales en la materia, confirmados en las resoluciones que contra México ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual contradice su voluntad de dar cumplimiento a dichas sentencias.

En las sentencias dictadas en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú la Corte IDH reiteró su jurisprudencia constante en el sentido de que bajo ninguna circunstancia el fuero militar puede ser competente para investigar o juzgar delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas en contra de civiles.

Lo anterior, nos lleva a señalar firmemente que la iniciativa presentada por el presidente de la República no cumple con las obligaciones emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados ratificados por el estado mexicano y en esa medida, la iniciativa no modifica sustantivamente las condiciones que permiten que el fuero militar sea hoy, en México, sinónimo de impunidad.

La Secretaría de Gobernación incurre en un notorio error conceptual cuando aborda lo relacionado con las ejecuciones extrajudiciales. Al respecto piden al secretario una familiaridad mínima con el lenguaje empleado en los instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado basta para tener claridad en cuanto a que por ejecución extrajudicial se entiende, una grave violación al derecho a la vida ocurrida cuando una persona es privada arbitrariamente de ésta, en supuestos tales como la ejecución de un civil indefenso sin causa o justificación, fuera del contexto de un enfrentamiento armado.