PRIMERA PLANA

Entre 9 y 10 mil indígenas

emigrarán de hoy a enero

TLAPA DE COMONFORT, GRO.(Prensa-Tlachinollan).—En el inicio de la Temporada Alta de Migración Interna, la situación de los jornaleros agrícolas de Guerrero es más crítica por el grado de indefensión de la población indígena que no tiene la protección y el acompañamiento de las autoridades para reivindicar sus derechos como trabajadores ante las empresas agrícolas del norte del país a donde viajan anualmente.

Hasta la fecha no existe ningún monitoreo oficial de los campos agrícolas para ver las condiciones de trabajo, ni mucho menos hay un acercamiento con los trabajadores que son víctimas del intermediarismo y del abuso tanto de los transportistas como de los comerciantes y de los mismos empresarios.

Los escasos programas que existen para brindar cierto apoyo a los jornaleros agrícolas como el del Servicio Nacional de Empleo (SNE) han puesto los candados para hacer inaccesible los recursos económicos que otorgan para apoyo de transporte, pues ahora les exigen que deben cubrir un listado de requisitos que van desde: el acta de nacimiento, la CURP, su credencial de elector, cartilla de vacunación, así como un comprobante o constancia del campo agrícola donde estuvieron laborando la temporada anterior. Estos requisitos difícilmente los podrán cubrir los jornaleros agrícolas porque la gran mayoría no solicitó constancia alguna en la empresa donde laboró en el ciclo pasado y los empresarios tampoco son accesibles para otorgar este documento.

Es preocupante también la indiferencia de la Secretaría de Desarrollo Social federal porque en el arranque oficial de la temporada alta de migración, estuvo ausente el personal adscrito a la Unidad de Servicios Integrales (USI) y con ello también se mantienen cerrados los dormitorios que fueron construidos como apoyo a los jornaleros para que descansen mientras esperan los autobuses que habrán de llevarlos a los campos agrícolas.

Por otra parte, es muy marcada la discriminación hacia las mujeres indígenas y sobre todo a mujeres embarazadas quienes por su precariedad económica y alto grado de monolingüismo les niegan la oportunidad de trabajar en los campos agrícolas y lo peor de todo es que las instituciones públicas encargadas de velar por los derechos de estas mujeres, desconocen la dramática realidad y por lo mismo están muy lejos de intervenir para evitar que se siga cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres que sobreviven como jornaleras agrícolas.

La situación de los niños indígenas de igual modo es discriminatoria porque en ellos recae todo el peso de la crisis agrícola y son los que sufren los estragos del hambre, del analfabetismo y las enfermedades de la pobreza. Al tener que migrar por la inviabilidad que existe en la Montaña para obtener ingresos, los niños abandonan la escuela con la ilusión de enrolarse como trabajadores agrícolas para apoyar a sus padres con algún ingreso económico. Esta tragedia de los niños como no representa ningún costo político para los gobernantes la han dejado crecer y siguen siendo cómplices para que los niños jornaleros no tengan la oportunidad de estudiar ni se les brinde otras alternativas de sobrevivencia para que abandonen los surcos y no sean víctimas de la explotación capitalista que lucra con el trabajo infantil.

Como Centro de Derechos Humanos hemos documentado seis casos de niños que han muerto en campos agrícolas y muchos más que sufren enfermedades de la piel, respiratorias y gastrointestinales a causa de las pésimas condiciones en que viven en los centro de reclusión de los jornaleros agrícolas que tienen en las empresas agrícolas.

El panorama no se dibuja distinto para esta temporada, pues de los 8 mil 213 indígenas que migraron de septiembre del 2009 a enero del 2010, según la documentación que tiene Tlachinollan, hoy podría migrar un promedio de entre 9 a 10 mil jornaleros agrícolas de la región de la Montaña. Este incremento se prevé por la crisis económica que se mantiene en México y por la entrada en vigor de la Ley Arizona en Estados Unidos que criminaliza a los migrantes.

Por ello, demandamos a las autoridades que asuman su responsabilidad para que atiendan las necesidades básicas de la población jornalera relacionadas con la alimentación, la salud, la educación de los niños, la atención de las mujeres embarazadas, de adultos mayores e indígenas con capacidades diferentes, el alojamiento, el traslado y ante todo los contratos de trabajo para que los empresarios garanticen las prestaciones de ley que tiene los jornaleros como trabajadores.

En vísperas del Foro Mundial de Migración –que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se realizará en el mes de noviembre en la Ciudad de México– queremos enfatizar la nula atención a la población indígena que migra dentro de nuestro país así como la importancia que debería tener el tema de la migración interna para la generación de políticas públicas que reviertan este proceso de deshumanización contra los más pobres de nuestro estado.

Tememos que se sigan deteriorando las condiciones de vida, traslado y de trabajo de los jornaleros agrícolas y tememos que ante esta desatención gubernamental, puedan seguir sucediendo casos dramáticos como los acontecidos en Tamaulipas con los migrantes internacionales que han sido presas de la delincuencia organizada. Ya existen antecedentes de casos donde los jornaleros agrícolas han sido obligados para ir a trabajar bajo la presión y las amenazas de grupos delincuenciales sin que la autoridad haya hecho algo que para prevenir y evitar tragedias anunciadas.