PRIMERA PLANA

Peligran 109

defensores

Washington Office on Latin America Latin American Working Group, manifiesta su profunda preocupación por los ataques y el peligro que siguen sufriendo los defensores de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales para 109 defensores de los derechos humanos en Guerrero, particularmente los integrantes de la OPIM y la OFPM, ordenando al gobierno de México asegurar su seguridad.

A causa de este alto nivel de peligro, informó Maureen Meyer Jennifer Johnson, de que han enviado cartas al secretario de gobernación federal José Francisco Blake Mora, y Embajador Arturo Sarukhan Casamitjana, Embajada de México en Estados Unidos con fecha 3 de septiembre, asi como al gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo y al procurador de justicia David Augusto Sotelo Rosas.

Expresa en esa misiva que el 27 de agosto celebramos las buenas noticias de la liberación y reconocimiento de la inocencia de Raúl Hernández, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quien llevaba más de dos años como preso de conciencia.

Sin embargo, nuestra alegría duró poco al enterarnos que después de recibir su libertad, el Sr. Hernández y otros defensores de los pueblos indígenas en Guerrero recibieron amenazas y fueron víctimas de hostigamiento.

Ante esto «le expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques y el peligro que siguen sufriendo los defensores de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero».

El 28 de agosto, la hija de Inés Fernández fue abordada y amenazada por dos hombres en el centro de Ayutla de los Libres, Inés Fernández es una integrante de OPIM que fue violada por soldados en 2002; actualmente su caso está frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La amenaza que su hija recibió también hizo referencia a Raúl Hernández.

El 30 de agosto un grupo de hombres disparó a Alvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), mientras trabajaba en un terreno cerca de Juquila en la municipalidad de Ayutla. Fue gravemente herido y sigue hospitalizado. Como defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, individuos de las dos organizaciones han recibido amenazas y han sido víctimas de ataques violentos en los últimos años.

Añade la denunciante que «expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de los integrantes de la OPIM y la OFPM y le solicitamos respetuosamente que el gobierno mexicano implemente las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana.

También le solicitamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y ataques para asegurar que los responsables se lleven al juicio y que los defensores de la OPIM y la OFPM puedan continuar con su trabajo legítimo sin que tengan que temer represalias.