Opinión

Procuraduría:

los extremos

Edilberto Nava García

En enero de este año, en un puesto de revisión de tránsito del estado, instalado a un kilómetro de Acatempan, del municipio de Tixtla, fui infraccionado porque mi vehículo no llevaba puesta la placa delantera y cuando me disponía a reanudar mi viaje, me volvió a llamar el comandante en jefe de la operación para decirme que quedaba yo detenido, al tiempo que me exigió las llaves de la unidad y ordenaba a uno de sus elementos, que bajara a las dos personas que me acompañaban y trasladara el vehículo a Chilpancingo.

Me apresaba, debido a que aparecía mi nombre en una especie de control en su poder, como prófugo de la justicia. Le informé que por cuestiones políticas había sido detenido y hasta encarcelado unas horas, pero que desde el 23 de octubre del año pasado había sido absuelto; que en ese momento no portaba mi boleta de libertad absoluta, dicho que podríamos comprobar en el juzgado de Tixtla, de la que estábamos muy cerca. Le hice ver al citado comandante que ellos sin la orden incurrían en usurpación de funciones. En fin, me trasladaron a Chilpancingo, donde hubieron de certificarme médicamente y me pusieron a disposición del juez de Tixtla, quien en el acto se negó, incluso a recibirles la consignación, porque les dijo, ¿quiénes son ustedes? en el sentido de que no eran agentes ministeriales.

Alguien me facilitó dinero en Tixtla porque la infracción fue alta y ya con la boleta me presenté en el aeropuerto, donde antes me retuvieron, a que me devolvieran el vehículo. Lógicamente me dirigí a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a presentar mi queja por la violación de mis derechos. Pues bien, hay en dicho edificio una agencia del ministerio público adscrita. Para el caso, solicité se le diera vista, porque en la actuación de los elementos de tránsito se configuraban los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

El 16 de marzo recibí en mi domicilio el citatorio de la citada agencia, mediante el cual me pedían compareciera con testigos y todo el 5 de marzo. Dicho citatoria llegó por correo. Al día siguiente (17), me presenté a dicha agencia, sin lograrse el objetivo, debido a que Beatriz Balderas Aguilar, quien debía tomarme la declaración gozaba de un permiso, por lo que mi presencia fue inútil, en balde. Pero sí les hice ver que hay teléfono y hasta Internet, medios tecnológicos para agilizar la impartición de la justicia. Se justificaron diciéndome que me llegaría un segundo citatorio y que entonces sí acudiera con testigos y elementos de prueba.

Desmoralizado por la negligente actuación de quienes deben impartir una justicia pronta y expedita, dejé aquello por la paz. El caso es que ha transcurrido más tiempo y el 14 de los corrientes, recibí, nuevamente por correo, la cita, de la misma funcionaria, Beatriz Balderas Aguilar, citándome a comparecer el cinco de julio. La fecha indicada ya pasó. El citatorio fue fechado el 17 de junio anterior.

Ante lo anterior, debe destacarse, que el procurador de justicia, poco, muy poco puede corregir en la práctica ese proceder de la dependencia que ahora encabeza. Porque sus funcionarios y empleados actúan de extremo a extremo. Porque si se trata de chingar, las fuerzas represivas son veloces, pero si se trata de proteger a un funcionario, los altos mandos no ven ni oyen. Y es que hacer víctimas desde el mando es lo más fácil y recurrente, pero cumplir con apego a la ley no se quiere y opera la negligencia. Una muestra es el hecho de que para salvar a la alcaldesa de Apango, la agencia especializada en asuntos políticos en veinticuatro horas inventó delitos para incriminar a quienes manteníamos un plantón pacífico; el juez, en minutos libró las órdenes, las que por malos cálculos no fue ejecutada un viernes para darnos sabadazo. Cuestión de horas, pero al detenernos, sin mostrar las respectivas órdenes, se nos retuvo exprofesamente, dando tiempo a que la corrupta alcaldesa se aposentara a robar desde palacio municipal de Apango. Quienes fuimos detenidos y procesados estamos absueltos, porque se orquestó una injusticia, una infamia con entuertos desde la procuraduría y, en contubernio con el juez de Tixtla.

Que la presidenta municipal dio un grueso fajo de billetes, es posible. En pocas palabras, la línea del cuestionado régimen que encabeza Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, es aparentar tranquilidad pública mediante una acción pronta contra aquellos que se atreven ejercer sus derechos ciudadanos. En lo político, que se expresen los deudos directos del extinto Armando Cavaría Barrera.

Lamentablemente en esa línea se ve obligado a colaborar el ahora procurador de justicia. Y digo lamentablemente, porque David Augusto Sotelo Rosas, estudioso del derecho, político conocido como persona honesta, debiera ser merecedor de mejor suerte. Debemos reconocer, tristemente, que el funcionario aludido está condicionado, maniatado, supeditado, pues si tuviera libertad de actuación, otro gallo nos cantara y la amorfa procuraduría sería eficiente, incorruptible y por ende, reconocida por la sociedad. Mas no es así. El régimen en su conjunto ha caído en el descrédito total y pareciera que el pueblo en general se resigna a esperar el transcurso del tiempo, con la esperanza de que en el relevo del mando cambie la suerte de los guerrerenses.