Opinion

Endeble procuración

de justicia en Guerrero

(Segunda y última parte)

Rubén Neri González*

En la persecución del delito, situación que amerita que no se dignifiquen las indagatorias, amen de que los existentes representantes sociales, además de percibir bajos salarios, son sobreexplotados laboralmente, tanto representantes sociales, policías ministeriales y peritos de la procuraduría de justicia, carecen de todo tipo de implementos para llevar a cabo las diversas diligencias en la averiguación previa, ya que para el desempeño de sus funciones no cuentan con transportes, papelería, entre otros enseres.

Lo que a la larga ha provocado corrupción, ante dádivas a que se han visto obligados aportar tanto víctimas y victimarios, al representante social, para la practica de las diligencias en las averiguaciones previas, lo que impide al Gobernado contar con una procuración de justicia expedita y gratuita, estos vicios son palpables, latentes y se cometen flagrantemente por agentes del ministerio público en turno, los adscritos a mesas de tramite, determinadores, así como los adscritos a los órganos jurisdiccionales.

Por tal motivo y como juristas en el ejercicio de nuestra carrera profesional, consideramos que la terna encabezada por el ya encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia, David Augusto Sotelo Rosas, Jesús Sala Moreno y Concepción Chío Betancourt, presentado 9 meses mas tarde, de la renuncia de su primer titular, no representan signos alentadores para arribar al esclarecimiento de homicidios, secuestros, robos entre otros delitos del orden común, ya que aun con la llegada formal de David Augusto Sotelo Rosas, al frente de la institución procuradora de justicia en la entidad, de quien señalamos es del agrado del gobernador en turno, y simpatía de las 2 fracciones parlamentarias en el seno del H. Congreso del estado PRI y PRD.

Lo que le amerita un consenso satisfactoria a su designación común primer fiscal en la entidad, desde su llegada como encargado de despacho de la misma, encontró en la misma una procuraduría de justicia, Con servidores públicos ineficientes, irresponsables, y hasta transgresores de la ley, una procuraduría con primeros lugares en indagatorias sin consignarse órdenes de aprehensión sin ejecutarse, lo que crea un signo de total impunidad para presuntos responsables, y frustración para sujetos pasivos del delito, que a la larga genera venganzas privadas, con dichos servidores públicos.

No le resultará obtener buenos resultados, pues son los mismos que siempre han estado, integrando malas averiguaciones previas, pretextando carga de trabajo, en su integración y perfeccionamiento, y lo mas grave es que aun se encuentran laborando representantes sociales y policías ministeriales que se han especializados en la fabricación de culpables, permitiendo y consintiendo la practica de la tortura física y psicológica, males cancerosos que deben de erradicarse del interior de la procuraduría de justicia.

Toca al nuevo procurador formal, poner los cimientos para erradicar la tortura, impunidad y corrupción, tiene la obligación y el deber como primer fiscal en la entidad, el deber de enfrentar la realidad que se vive al interior de una institución, hoy como encargado de despacho y en próximos días como titular.

Poco será lo que pueda hacer, con un presupuesto que no se ajusta a las realidades y necesidades de la misma institución, que le hubiese permitido contratar y profesionalizar como peritos en la investigación, a un mayor número de agentes del ministerio público y policías ministeriales, para combatir los rezagos en indagatorias y órdenes de aprehensión, que a la larga han prescrito, en perjuicio de agraviados.

Por ese motivo la sociedad demanda para eficientar la procuración de justicia; se realice una depuración de esta misma, en efecto se requiere una purga de servidores públicos corruptos y transgresores de la ley, quienes se encuentran laborando a pesar de contar con recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, e incluso con pliegos de responsabilidades de suspensión dictados en su contra por contraloría interna, y que han causado ejecutoria, sigan en el desempeño de sus funciones, deteriorando la imagen de la procuraduría de justicia.

El deber del nuevo titular debe hacer una revisión de fondo, pues ante la incapacidad de que se generen nuevos espacios, surge el imperativo de reemplazo de nefastos servidores públicos, cuya prenda ha sido privilegiar la impunidad y los actos de tortura, toca pues al nuevo titular que habrá de designar el H. Congreso del estado, pugnar porque se instaure la legalidad de los actos de autoridad de las autoridades ministeriales, pues hoy se demanda una procuración de justicia moderna, dinámica, equitativa e imparcial con tramites simplificados y normatividad sencilla y clara, para victimas del delito. barranullumcrimenabogados@msn.com. abogadoneriglez@yahoo.com.mx.

*Presidente de la Barra Estatal de Abogados «Nullum crimen Sine Lege»